El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito V y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX presentaron este lunes una nota conjunta ante el intendente del Partido de General Pueyrredon, Lic. Agustín Neme, en la que solicitan que no se promulgue la Ordenanza O-21181, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante el pasado 27 de agosto, que regula la construcción mediante contenedores marítimos reutilizados.
Ambas instituciones solicitaron que la norma sea devuelta al Concejo Deliberante para su revisión y reformulación integral, con participación de los colegios profesionales y demás organismos e instituciones técnicas vinculadas a la actividad.
La presentación fue realizada por el presidente de CAUBA DIX, arq. Diego Domingorena, y el presidente del Colegio de Técnicos – Distrito V, MMO Diego Haag.
Una regulación que requiere participación técnica
Los colegios señalaron que no fueron convocados a participar del tratamiento de la iniciativa ni consultados sobre sus aspectos técnicos, pese a que la ordenanza modifica condiciones del Reglamento General de Construcciones, afecta aspectos vinculados al Código de Ordenamiento Territorial e incorpora nuevas responsabilidades para los profesionales que intervienen en las obras.
En este sentido, remarcaron que la participación de las instituciones profesionales no constituye una cuestión corporativa, sino una instancia necesaria para incorporar conocimiento especializado en una normativa que impacta directamente sobre la seguridad, habitabilidad y salubridad de las construcciones.
Principales observaciones
Tras analizar el texto de la ordenanza, ambas instituciones identificaron distintos aspectos que consideran necesario revisar, entre ellos:
- Anchos mínimos de habitabilidad: la norma establece una excepción vinculada al ancho interior de los contenedores, sin contemplar adecuadamente la reducción de las dimensiones que generan las aislaciones y terminaciones necesarias para transformar el módulo en un espacio habitable.
- Falta de trazabilidad: no se establece un mecanismo que permita conocer el origen, antigüedad, historial de cargas, reparaciones, modificaciones y estado de conservación de los contenedores antes de incorporarlos a una construcción destinada a la permanencia de personas.
- Responsabilidad profesional: consideran necesario precisar las incumbencias, matriculación y alcance de la responsabilidad de los profesionales intervinientes, especialmente frente a aspectos del contenedor que exceden su ámbito de control, como su fabricación y antecedentes de utilización.
- Seguridad y condiciones técnicas: la ordenanza no fija parámetros suficientemente precisos para verificar aspectos como seguridad estructural, comportamiento frente a la corrosión, aislación térmica y acústica, estanqueidad y durabilidad.
- Regularización de construcciones existentes: se cuestiona que determinados aspectos sustantivos queden delegados al Departamento Ejecutivo sin que la propia ordenanza establezca previamente criterios claros.
Los colegios también señalaron la necesidad de contemplar las condiciones ambientales particulares del Partido de General Pueyrredon, especialmente en relación con la humedad, el ambiente salino y la exposición a la corrosión.
Innovación sí, pero con estándares adecuados
Las instituciones aclararon que su presentación no implica una oposición al uso de contenedores marítimos ni a la incorporación de nuevas tecnologías constructivas.
Por el contrario, sostienen que la evolución de la industria de la construcción requiere que las normas municipales acompañen los nuevos sistemas constructivos, pero dentro de un marco técnico, jurídico y de seguridad adecuado.
En este sentido, proponen avanzar hacia una regulación integral que contemple no solo los contenedores marítimos reutilizados, sino también los distintos sistemas constructivos industrializados, modulares y no tradicionales.
Propuesta de una mesa de trabajo
Como parte de la presentación, el Colegio de Técnicos – Distrito V y CAUBA DIX solicitaron la conformación de una mesa de trabajo integrada por colegios y consejos profesionales, cámaras empresarias, entidades gremiales, universidades y organismos técnicos municipales.
El objetivo sería elaborar un marco normativo integral que permita acompañar la innovación en la construcción, garantizando al mismo tiempo condiciones adecuadas de seguridad, habitabilidad, salubridad y durabilidad.
Asimismo, las instituciones solicitaron al Departamento Ejecutivo que evalúe el veto total de la Ordenanza O-21181 o, subsidiariamente, el veto parcial de sus artículos 2°, 3° y 8°, considerados particularmente problemáticos.
Ambos colegios manifestaron su disposición a participar de las instancias de análisis y elaboración de una normativa superadora, poniendo a disposición de las autoridades municipales el conocimiento y la experiencia de sus profesionales.
